Informes de consultoras privadas y advertencias de encumbrados dirigentes sociales de las últimas horas han vuelto a poner en un primer plano de la opinión pública un aspecto de la economía que el Gobierno se empeña en soslayar: el crecimiento del índice de inflación. Aunque las expectativas promedios no son las mismas, todas las fuentes que formularon sus previsiones anuales sobre el costo de vida difieren radicalmente de las mediciones oficiales, que estiman para este 2012 un cálculo en torno del 9%.

Según un informe divulgado recientemente por la Universidad Torcuato Di Tella, las expectativas inflacionarias del promedio de la población alcanzaron un máximo histórico del 39,8% y, de ese modo, subieron por tercer mes consecutivo, por lo que para este agosto, el costo de vida esperado es del 30%, según la media de las respuestas obtenidas. Los datos surgen del relevamiento mensual que realiza el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad, a partir de los resultados de la Encuesta de Expectativas de Inflación. Y esas expectativas se encuentran en su máximo histórico tanto en Capital Federal (40,6%) como en el Gran Buenos Aires (42,5 %), mientras que para el interior del país se ubican alrededor del 34,7%.

Fue también el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, quien aseguró que la inflación "ha superado ampliamente el 45% o el 48 %", mientras que otros dirigentes de la central sindical más próxima al gobierno -como Moyano- han redoblado el reclamo para que aumente el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (como una suerte de recomposición salarial), con la aclaración de que si esa recomposición fuera del 25% sería insuficiente, porque -según los propios sindicalistas- registra un atraso de dos años. Ocurre que la mayoría de los acuerdos salariales vigentes, tanto en el ámbito privado como en el público, se pactaron en un 23% promedio para lo que resta del año y parte del próximo, por lo que las nuevas mediciones estarían exponiendo un nuevo problema para las autoridades, las empresas y los asalariados.

Ocurre que esta disfunción en la economía se ha transformado en un escollo de peso en el rendimiento del modelo que impulsa el Gobierno nacional, y que se agiganta en su exposición ante la negativa oficial en admitirlo como tal. La caída del poder adquisitivo, el aumento de los costos, la pérdida de competitividad, el retraso cambiario y los trastornos en los balances y en las proyecciones de las obligaciones financieras son una parte de un cuadro de situación que tiende a agravarse, ante la alarmante ausencia de voluntad oficial para enfrentar el caso. Hasta aquí, la política desarrollada por el Gobierno -descontrol y mínima calidad en el gasto público, fuerte emisión, entre otras variables- no ha hecho más que complicar el panorama y, especialmente, desmentir la versión de que la suba de la inflación está relacionada con el fuerte crecimiento del Producto Bruto Interno de los últimos años.

Un repaso de la situación inflacionaria en la región (países con alto crecimiento, como el nuestro) debería ser suficiente para asumir la realidad. Las estimaciones anuales (promedio) para Chile son del 3%; para Brasil y Bolivia, del 5%; para Uruguay, del 7,5%; y Venezuela espera hasta un 22%. En un ránking internacional, la Argentina, con una proyección entre el 25% y el 30% real (antes de estos informes), ocupa el segundo lugar, detrás de Belarús (entre 35% y 41%) y por delante de Venezuela, que empezó a desarrollar un plan de control. La referencia podría también ser suficiente para encontrar una rápida respuesta a un dilema que crece y que genera incertidumbre y alarma.